El Consejo Nacional Electoral de Colombia se reunió el lunes para evaluar la posibilidad de abrir un referéndum sobre la campaña presidencial de 2022 de Gustavo Petro, de quien se dice que superó el límite de financiación. Este panel de 10 jueces designados por el Congreso necesita el apoyo de al menos seis para decidir sobre una investigación.
Dos jueces, uno de un partido de oposición, dijeron que la campaña de Petro puede haber violado los límites de financiación en aproximadamente 1,2 millones de dólares. Los demás jueces revisan este informe antes de votar.
La posible investigación ha desatado un acalorado debate político y jurídico. Hay dudas sobre la autoridad del Consejo para investigar a un presidente con jurisdicción especial, que deben ser analizadas por el Comité de Investigaciones y Responsabilidad de la Cámara de Representantes. Petro ha descrito la investigación como un “intento de golpe al estilo colombiano” y teme que pueda conducir a un juicio político.
El Consejo de Estado dejó claro que aunque el Presidente tiene inmunidad, el Consejo puede investigar y aplicar sanciones económicas. Sin embargo, corresponde al Congreso realizar una investigación más profunda y, si es necesario, destituir al presidente. En las últimas tres décadas, ningún presidente colombiano ha sido destituido de su cargo mediante juicio político.
El abogado de Petro, Héctor Carvajal, interpuso un recurso ante el Consejo de Estado para proteger la inmunidad del presidente y advirtió que acudiría a la Corte Constitucional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si se inicia la investigación. A pesar de las críticas, el Consejo confirmó que tiene derecho a investigar las campañas electorales y subrayó que la inmunidad presidencial no está en duda.